El Senado ha admitido a trámite la Proposición de Ley para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. Se trata de una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu que pretende modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
El boletín oficial de la Cámara Alta recogió este jueves la proposición de ley defendida por ambos grupos parlamentarios. El objetivo independentista iniciado el pasado 24 de marzo, persigue suprimir del Código Penal el delito de injurias a la Corona, castigado actualmente con penas que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión.
La presencia de estas formaciones en la Cámara Alta les capacita para presentar esta iniciativa legislativa que plantea la reforma a través de una proposición de ley que deberá ser debatida por el pleno del Senado. En caso de ser aceptada en esta cámara, pasaría a su debate parlamentario en el Congreso.
Se trata de una propuesta que suscita duras críticas, ya no solo por su forma y contenido sino por la frialdad milimétricamente calculada respecto al tiempo político que atraviesa este país. Recordemos que España ya ha superado la cifra de los 11.000 muertos por coronavirus y que lo que más exigen la ciudadanía en estos momentos es una respuesta eficaz y eficiente por parte de la clase política.
Lejos de esto, el conglomerado independentista ha aprovechado el duro momento que atraviesan muchas familias españolas para emprender su particular vendetta legislativa. Con las UCIS y las morgues al borde del colapso, han tenido la capacidad de emprender lo que algunos han calificado como “siniestralidad legislativa” evocando un retroceso histórico que nos devuelve hacia aquellos macabros shows de la kale borroka que encendía el Clipper sobre cualquier referencia o símbolo nacional.
Sin embargo, lejos de preocupase por adquirir mascarillas, guantes o respiradores, estas formaciones independentistas justifican su propuesta aludiendo a un supuesta persecución “a personas, artistas o revistas satíricas por hacer uso de su libertad de expresión”. Así mismo, hacen una clara referencia a casos polémicos como la portada de El jueves en 2007 o la del rapero Valtònyc.
En su propuesta, hacen referencia a la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que interpreta la quema de imágenes del rey como un acto de rechazo hacia la institución de la monarquía y que, por tanto, entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y está protegido por el derecho a la libertad de expresión.
Insisten a su vez en que “el interés del Estado por proteger su propio jefe de Estado no puede justificar la concesión al mismo Estado de actuar contra el derecho a informar o expresar las opiniones sobre él”.
Los independentistas no dudan en hacer referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que decretó que la quema de la bandera nacional en manifestaciones pacíficas no constituye un delito, sino que es un acto protegido por la primera enmienda de la Constitución, que establece el derecho a la libertad de expresión.
