Llevamos un tiempo hablando de la insurgencia “low-cost” para explicar el fenómeno CDR en Cataluña, hay más formas de explicar el mismo concepto. Una de ellas es hablar de hechos alta frecuencia y baja intensidad, el concepto también sirve para hablar de corrupción. En especial referencia al delito de prevaricación dentro de la Administración Pública, que afecta desde las cloacas de la Policía de Villarejo a la Comandancia de Cádiz.
La Juez Mercedes Alaya denominó al delito de prevaricación como “la madre de los delitos de corrupción” y no le faltó razón, el delito consiste en adoptar decisiones arbitrarias en beneficio de unos y perjuicio de otros en virtud del principio de oportunidad y vulnerando el principio de legalidad, “saltarse la ley” de toda la vida.
Marcarse un “Ábalos” en Barajas evitando que la policía haga su trabajo o hacerse un Villarejo grabando sus confesiones a algún pez gordo, es para los que mandan un subidón de adrenalina.
Saltarse las normas hace sentirse poderosos a algunos, algo tan emocionante como hacerse un “selfie” para un Policía del Tinder, salir en Hombres, Mujeres y Viceversa para una choni poligonera o fumarse un porro en un parque para un estudiante. La sensación de poder cuando se hace algo ilegal es la misma, cambia la escala y la consecuencia, a mayor nivel de toma de decisiones se perjudica a más gente y cuesta más dinero de otros.
La prevaricación es un delito mediato como la falsedad documental. Está poco penado porque el derecho penal no tiene la capacidad de valorar la consecuencia social del delito a corto, medio y largo plazo, pero no por ello debería ser menos grave. Es mediato porque hace falta para que ocurran otros peores, por ejemplo, para comprar silencios y voluntades que permiten dar cobertura dentro de la Administración Pública en un ayuntamiento donde se mercadea con licencias de obra. Algo que se puede esperar de un partido político, pero no de las instituciones, los cuerpos de seguridad no son partidos políticos y no puede permitirse que funcionen como mercadillos.
Queremos cambiar el modelo Villarejo por un modelo policial moderno sin cloacas, sin narcisistas, sin caciques y sin cortijos
En Una Policía para el Siglo XXI hacemos todo lo que podemos para incordiar a quienes no respetan la seguridad jurídica de nuestros compañeros sin importar el cuerpo al que pertenezcan, suelen ser oficinistas de los que no levantan pesas ni hacen detenidos, pero quieren decirle al resto cómo hacerlo. Queremos cambiar el modelo Villarejo por un modelo policial moderno sin cloacas, sin narcisistas, sin caciques y sin cortijos.
El pasado mes de octubre presentamos un escrito en la Inspección de Servicios de Personal y Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), pidiéndoles que revisaran la situación de la Comandancia de Cádiz. Según estimación de fuentes internas, cuarenta compañeros de la Guardia Civil están comisionados ilegalmente en la Comandancia. Se trata de agentes que sobre el papel ocupan una plaza a la que no van a trabajar, pero están de forma permanente en comisión de servicio en otra, ocupando dos puestos de trabajo. La culpa no es de ellos.
Una propuesta es un concurso de méritos continuo en lugar de uno anual
El problema es sistémico, la situación podría llevar enquistada más de una década y no se trata de una excepción, sino de la norma. En nuestro escrito planteamos una batería de propuestas para mejorar la eficiencia y eficacia para cubrir las vacantes que beneficie a los agentes y a las unidades. Propuestas tales como un concurso de méritos continuo en lugar de uno anual.
Durante ese tiempo cada vez que se jubila un agente y queda libre una vacante, en lugar de sacarla a concurso, la cubren con uno de la plantilla sin que deje libre su puesto para otro. El beneficiario pasa a depender de una renovación periódica e hipoteca su silencio, a cambio de salir de la calle e ir a los despachos en horario de mañana de lunes a viernes a rellenar formularios y pasear fotocopias.
Las asociaciones corporativas amagan, pero no golpean, entendemos que su función es sostener el sistema porque hay muchos puestos cómodos ocupados por sus afiliados. El Sr. Pino en calidad de DAO de la Policía con el ministro Fernández Díaz cuando compareció en la Comisión de Interior para hablar sobre las cloacas del modelo Villarejo explicó claramente cómo se dirige la seguridad pública: “a la policía se la controla controlando a sus sindicatos” y entendemos que en la Guardia Civil las cosas no son diferentes.
Las consecuencias de las decisiones tomadas en el lado oscuro de las cloacas son múltiples y de manera más formal lo explicamos en nuestro escrito:
- Para los agentes gaditanos destinados lejos de su tierra, es un suplicio ver año tras año que pierden años lejos de sus familias.
- El ciudadano piensa que está seguro y tiene cuarenta guardias más en la calle de los que paga con sus impuestos, no sabe que es víctima de un fraude.
- Al delincuente le viene muy bien, “el sindicato del crimen quiere que esto siga igual”.
- Donde hay corruptelas domésticas, también hay funcionarios “colocados” a cambio de guardar silencio, en los puestos por donde pasa información que no debe salir a la luz. No sabemos si se ocultan hechos inconfesables que hace falta tapar a toda costa.
- La Subdelegación del Gobierno de Cádiz cree que la plantilla de la Comandancia está cubierta porque lo está sobre el papel. O bien eso, o bien es cómplice del mercadeo.
- El Ministerio de Interior paga por un número superior de agentes al que existe en la realidad, o bien incurre en el fraude o es perjudicado por el mismo.
- Lo mismo que ocurre en la Comandancia de Cádiz, es extensivo al resto de España porque el problema es sistémico, los perjuicios son incalculables.
¿Por qué Alí Babá? Alí Babá es cada uno de los que ha mantenido la Comandancia como si fuera la cueva del tesoro, un compartimento estanco en que se hace lo mismo que hacía el anterior y se firma la renovación de los cuarenta comisionados año tras año cada vez que caduca. Su motivación más probable es no hacer ruido y que todo siga igual, conseguir su fajín y que sigan cayendo las medallas para jubilarse algún día con los honores de un general norcoreano.
La SES “se lavó las manos” con nuestro escrito en lugar de asumir responsabilidades y se lo mandaron a la Guardia Civil para despachar el expediente más pronto que tarde. Recibimos un escrito en que se nos desautoriza para ejercer cualquier tipo de petición legítima a la Guardia Civil por no ser una asociación corporativa. Y tienen razón, pero la petición no era para ellos, queremos una decisión política y no que le coloquen el problema a la institución afectada.
Nuestro último acto ha sido recurrir al Defensor del Pueblo para que investigue la situación e inste a Interior a cumplir la ley. Por otro, al Tribunal de Cuentas para que pregunten qué se hace con el dinero que sobra en “el lado oscuro de las cloacas” y si nuestra hipótesis sobre los presupuestos es cierta, porque desconocemos cómo se estructura ese presupuesto. Lo cierto es que los presupuestos deberían contener una partida destinada a los gastos de personal y en la cueva de Alí Babá hay sobre el papel cuarenta empleados públicos más de los que hay de hecho.
El ministro Marlaska nos ha puesto a un nuevo secretario de estado de seguridad y a una nueva directora de la Guardia Civil, confiamos en que tengan más sensibilidad que los anteriores.
Denuncian un supuesto fraude y vulneración de derechos en la Guardia Civil
