España se queda sin cuarteles de la Guardia Civil. En los últimos 15 años hasta 88 de ellos han visto cerrar sus puertas ante la falta de efectivos personales y materiales que se traduce en una mayor inseguridad en nuestros pueblos.
Las promesas políticas de no abandonar el medio rural se desvanecen a través de las cifras, las cuales no engañan. Difícilmente se podrá garantizar la seguridad de poblaciones aisladas si sus cuartales cuentan con menos de 10 efectivos, hecho que se produce en el 45% de los cuarteles que aún permanecen abiertos. Se da el caso que existen incluso acuartelamientos atendidos por un solo agente.
Mientras que la población ha crecido globalmente en nuestro país un 15% desde el año 2000, en el medio rural ha bajado un 8%. La inseguridad podría ser uno de los factores que se esconden detrás de este éxodo rural. Parece lógico que nadie quiera vivir en un lugar donde no se garantice su seguridad.
Por su parte, muchos de los que permanecen operativos, unos 2300 en todo el territorio nacional, presentan graves deficiencias estructurales y de manteamiento por falta de presupuesto. Si nadie lo remedia, su puertas cerrarán más pronto que tarde.
Para que esto no ocurra, algunos municipios como Checa, Orea o Utrillas, entre otros, han decido apostar por la continuidad de los cuarteles de la Guardia Civil erradicados en sus respectivos territorios, a través de diversas vías de financiación a cargo de sus propios presupuestos.
Durante el pasado periodo de campaña electoral con motivo de las recientes elecciones generales, la clase política prometió por activa y por pasiva garantizar la seguridad de los pueblos para revertir la incipiente despoblación.
Muchos en la Guardia Civil, cuerpo garante de la seguridad rural, se preguntan cuándo comenzarán a adoptarse las medidas oportunas para evitar más cierres de cuarteles, garantizar la correcta conservación de los que permanezcan abiertos y, en definitiva, velar por un entorno más seguro y habitable.
Posibles soluciones
Una de las posibles soluciones que maneja el ministerio dirigido por Marlaska es la reagrupación de cuartales en unidades más grandes -al menos formadas por 20 guardias civiles y 2 su suboficiales- cerrándose los cuarteles con menos actividad y recursos.
Esta medida, contemplada en el “Plan plurianual de modernización” del año 2017 -elaborado en tiempos de gobierno popular- podría suponer el cierre del 83% de los cuarteles que la Benemérita posee alrededor de toda la geografía rural española.
Si bien se podría obtener una optimización del servicio, muchas voces críticas piensan que podría suponer el alejamiento definitivo de la Guardia Civil de los pequeños asentamientos rurales y un conflicto entre los agentes afectados por la medida, avocados a modificar su puesto de trabajo, en cierto casos, a muchos kilómetros de distancia.
