Los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil llevan años buscando mejoras salariales, mejoras legislativas y mejoras de medios materiales y humanos.
Ante las inminentes Elecciones Generales del 10N buscan respuestas a las preguntas que durante años nadie les quiso contestar. De ahí que desde el digital h50 comencemos una ronda de entrevistas con representantes de los principales partidos políticos.
Hoy es el turno para José Alberto Martín-Toledano, diputado del Partido Popular por Ciudad Real en el Congreso de los Diputados.
¿Qué es lo que más le preocupa? En materia de seguridad me preocupa la falta de líneas claras del actual gobierno. Desde el Ministerio se toman decisiones contradictorias sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Unos días la quieren derogar de facto saltándose al Parlamento y otros la aplican como garantía del orden público, como es su obligación. Ésto dificulta el trabajo y las garantías jurídicas en su actividad de los agentes de las FCSE.
¿Qué opina sobre el sistema de concesión de medallas en la Policía Nacional? ¿Se está reequilibrando la situación? Es una materia controvertida históricamente. El camino debe ser establecer criterios lo más objetivos posibles e intentar el consenso dentro del Consejo de la Policía Nacional.
¿Qué le parece el actual sistema de ascensos en la Policía Nacional? Igualmente es un tema siempre controvertido. Opino que deben primar criterios de mérito y capacidad lo más objetivos posibles y también de transparencia.
¿Qué opina sobre los problemas de competencias entre la Policía Nacional y la Guardia Civil? Es un tema pendiente de resolver y es urgente buscar la solución definitiva.
La distribución de competencias no se está aplicando con un patrón claro para garantizar la coordinación y la eficacia en la prestación del servicio público de seguridad ciudadana.
El parlamento debe dar los instrumentos legales y el Ministerio garantizar la coordinación dentro del marco de competencias.
Actualmente la coordinación es deficiente.
¿Cómo está viviendo como político madrileño el conflicto en las calles de Cataluña? Soy un político de Ciudad Real a caballo entre Castilla-La Mancha y Madrid.
Me parece que el Gobierno no está cumpliendo con una de sus obligaciones más sagradas, garantizar el orden público, la paz ciudadana y el cumplimiento de la legalidad en todo el territorio nacional.
Los sucesos violentos de Cataluña son gravísimos y deben ser frenados con la actuación conjunta del Estado a todos los niveles y con todas las herramientas disponibles.
El acoso y la violencia padecida por los agentes de la Policía Nacional debieron evitarse con un dispositivo mayor, permitiendo el trabajo profesional con el único límite de la legalidad y sin criterios de oportunidad política.
Las imágenes me impactaron personalmente, la tremenda agresividad, los heridos, el buen trabajo profesional en unas condiciones límites.
Estoy seguro que generaron un movimiento de solidaridad con la Policía de carácter general. No puede, ni debe repetirse. Existe una clara responsabilidad política en el Ministerio del Interior en estos hechos.
¿Qué valoración hace de la situación del Gobierno del Parlamento de Cataluña? El Gobierno y el Parlamento de Cataluña se encuentran en una clara rebeldía contra el orden constitucional y están incumpliendo intencionadamente con sus obligaciones y competencias como instituciones del Estado Español.
Se deben efectuar los requerimientos formales para el cumplimiento de la Constitución y aplicar todas las medidas necesarias para recobrar la legalidad sin excluir ninguna.
¿Qué cualidades debe tener para usted un Delegado de Gobierno? Debe tener formación y conocimiento de la materia relativa a sus competencias y en especial a la seguridad ciudadana y el funcionamiento de las FF.CC.S.E.
Última cuestión, ¿qué opina sobre la desigualdad salarial entre las FF.CC.S.E. y el resto de policías? Es una anomalía generada durante más de 30 años por las disfunciones de las trasferencias en materia de seguridad a las CCAA.
Creo que el acuerdo de equiparación salarial firmado por los representantes de los agentes de las FF.CC.S.E. y el Gobierno del Partido Popular fue histórico.
Debe valorarse que se estaba saliendo de una grave crisis económica y que existían reclamaciones de numerosos colectivos de funcionarios públicos para mejorar sus condiciones salariales.
La firma del acuerdo fue un paso esencial. Pero para lograr la equiparación salarial debe desarrollarse en su integridad tal y como fue pactado y firmado.
Tiene que realizarse una verdadera auditoría puesto a puesto con las condiciones salariales y laborales.
La auditoría no cumple las condiciones para su elaboración previstas en el acuerdo de equiparación por decisión del actual gobierno. El gobierno actuó sin transparencia y realizando movimientos extraños con la empresa auditora en cuanto al resultado final del informe.
Deben aplicarse las cantidades previstas para la segunda actividad, el Gobierno socialista ya tiene incumplidas dos anualidades.
Y por último debe aprobarse una ley tal y como tenía previsto el Gobierno del Partido Popular para que en cumplimiento de las competencias exclusivas a favor del Estado que fija la Constitución en materia de seguridad, se regulen unas condiciones laborales y salariales unitarias para todos las policías españoles, dependan del Gobierno central o de los autonómicos. Estas condiciones sólo podrían ser modificadas mediante negociación a nivel nacional y aprobación por la autoridad también nacional competente.
Con el desarrollo del Acuerdo de Equiparación se estaría dando satisfacción a una equiparación total, tal y como pactaron los sindicatos de la Policía Nacional, las asociaciones de la Guardia Civil y el Gobierno del Partido Popular.
Me preocupa que el ministro del interior solicitara al Consejo de Estado informe sobre si estaba obligado a cumplir el acuerdo de equiparación. Esta consulta y los hechos en el retraso e incumplimientos del acuerdo evidencian la intención de no llevar a cabo la equiparación por parte del Gobierno del Presidente Sánchez.
BIO | José Alberto Martín-Toledano Suárez (Malagón, 26 de febrero de 1963) es un político español, diputado por Ciudad Real en el Congreso durante las X, XI y XII legislaturas.
Licenciado en Derecho por el CEU San Pablo de Madrid., trabajó como pasante para un despacho de abogados en San Sebastián entre 1988 y 1989 y en este año abrió su propio despacho, hasta 1995. Miembro del Ilustre Colegio de Ciudad Real, continúa como no ejerciente. En 1991 fue elegido alcalde de Malagón, cargo que ejerció hasta 2003. Desde ese año, y hasta 2011, fue concejal de la oposición. Actualmente es concejal de Hacienda, Promoción Económica y Urbanismo. Fue diputado provincial de Ciudad Real entre 1995 y 2011, periodo durante el cual fue vicepresidente económico, hasta 1999, y portavoz del Grupo Popular.
Entre 1995 y 1999 fue presidente de la Fundación Diario Lanza, de la empresa mixta de gestión de servicios del ciclo integral del agua EMASER y de la empresa pública de gestión de residuos RSUSA y del Consorcio RSU de Ciudad Real. Fue vicepresidente de las dos últimas entre 1999 y 2003 y en 2011 hasta su incorporación al Congreso.
En noviembre de 2011 fue elegido diputado por Ciudad Real en el Congreso, y reelegido en 2015 y 2016.
