Tenemos las mejores Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y debemos dejarles actuar con total contundencia para que con la aplicación de la Ley finalicen contra antes estos altercados.
Nuestros agentes han alcanzado un prestigio a nivel mundial como profesiones de la seguridad por dar una respuesta efectiva y con garantías ante disturbios urbanos y grandes concentraciones.
El Estado debe ser contundente en su respuesta, proteger a sus ciudadanos y sus funcionarios policiales.
No se puede mancillar el escudo de la UIP, UPR, ARRO, BRIMO, GRS ni la de ninguna de las unidades especializadas que se han destinado a Cataluña.
La Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es el instrumento “más claro” que tiene el Gobierno para afrontar con carácter de urgencia esta situación de riesgo para la seguridad pública, “pero no el único”.
Existe también la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, de 2015. Esta norma permite al jefe del Gobierno declarar por decreto una situación “de interés para la seguridad nacional” (un eufemismo para eludir la palabra crisis) y nombrar una autoridad funcional con el fin de asegurar la “coordinación reforzada” entre distintas administraciones.
La Ley no se pensó para una situación de conflicto institucional, sino de colaboración ante situaciones como catástrofes naturales, atentados terroristas o ataques cibernéticos. El Tribunal Constitucional, en la sentencia que convalidó la norma, dejó claro que cada Administración conserva sus competencias y que la atribución de medios tiene carácter temporal y finalista.
No se puede seguir manteniendo en el cargo a un Presidente en Cataluña que alienta al desorden público y provoca al Estado con incendiarias declaraciones, o se fuerza su cese o se aplica la Ley para su destitución.
