La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la pesca y tráfico ilegal de carpas y siluros hacia mercados del este de Europa. En la operación han detenido a siete personas y han intervenido cuatro toneladas de siluros recién pescados. Pescaban en la cuenca del Ebro con artes prohibidas como electricidad o redes ilegales y almacenaban el género en precarias condiciones de salubridad, lo que suponía un grave riesgo para la salud de los consumidores.
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Investigación
La investigación se inicia en noviembre de 2018 cuando se recibe comunicación vía EUROPOL sobre la existencia de un grupo criminal asentado en España dedicado a la pesca ilegal de siluros y carpas para su comercialización ilegal en Rumanía. En esta notificación se facilitaba el nombre de pescadores, así como la zona donde se estaba generando la actividad ilegal.
Con esa información inicial se empezaron gestiones al objeto de acreditar la presencia de las personas indicadas en la información procedente de Rumanía, en España y una vez conseguido dicho objetivo, tratar de acreditar la actividad ilegal imputada desde Rumanía.
Una vez identificados los nacionales rumanos indicados, se detectó en el mes de diciembre de 2018, una furgoneta convencional saliendo del domicilio de los presuntos pescadores desde España con destino a Francia. Al objeto de confirmar la información, los agentes pararon la furgoneta en la frontera para determinar las condiciones de transporte, el volumen de mercancía ilegal que se transportaba, la vía de salida desde España y la documentación que acredita la trazabilidad del producto transportado. Los agentes pudieron determinar que en el interior del vehículo transportaban un número importante de cajas cargadas con carpas y siluros, los cuales no tenían marcas de haberlos pescado con anzuelo y que las condiciones de transporte no eran adecuadas para un viaje de esas características por vía terrestre.
Además, los agentes constataron que la documentación que acreditaba el origen de la mercancía estaba falsificada por lo que se procedió a comunicar con las autoridades competentes rumanas para llevar a cabo la detención de la furgoneta en territorio rumano y así poder comprobar qué tipo de documentación presentaban para su entrada en Rumanía.
Al mismo tiempo, y en EUROJUST, se produjo una solicitud oficial por parte de las autoridades rumanas para proceder a formalizar un acuerdo de colaboración entre países y en futuro, un Equipo Conjunto de Investigación entre los países, que permitía trabajar con Ordenes Europeas de Investigación.
Tres grupos interrelacionados en Zaragoza, Huesca y Lérida
Los investigadores llevaron a cabo múltiples vigilancias sobre el grupo criminal objeto de investigación, para obtener datos sobre quiénes lo conformaban y la estructura o jerarquía del mismo. Consecuencia de todo lo anterior se determinó la existencia de tres grupos interrelacionados en Zaragoza, Huesca y Lérida; y se procedió a localizar los domicilios de todos los integrantes; así como el lugar de almacenaje de las artes prohibidas de pesca y el pescado ilegalmente capturado.
De ese modo y en base a las vigilancias in situ, las intervenciones telefónicas concedidas y todos los datos obtenidos documentalmente, se determinó el “modus operandi” de la organización y se concertó con las autoridades rumanas el día concreto en que se llevaría a cabo la explotación de la operación, de modo conjunto y sincronizado, en los diferentes países implicados en la investigación.
Absoluto desprecio a la salud de los consumidores
Cabe reseñar el absoluto desprecio a la salud de los consumidores y a los posibles efectos adversos que puede generar el producto al consumirlo en tan lamentable estado de salubridad; y que se ponía de manifiesto en el hecho de tener que limpiar el producto con lejía para que perdiese el olor a podredumbre que le acompañaba.
Finalmente y una vez acreditado todo lo anterior, lugar de almacenamiento, personas implicadas en los diferentes escalones de la organización, desde pescadores, transportistas, almacenistas, distribuidores, se decidió iniciar la explotación de la operación el día 14 de mayo que se saldó con la detención de siete personas en España y la intervención de cuatro toneladas de siluros recién pescados.
La operación ha sido desarrollada en colaboración con los Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña y la coordinación internacional ha sido asumida por Eurojust. Asimismo la instrucción la asumió el Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida.
