El ministro del Interior ha recibido a la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali, un encuentro al que ha asistido también la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo, Beatriz Carrillo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido este jueves a la junta directiva y profesionales de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali y ha trasladado a su directora, Carmen Silva, el compromiso de su departamento para perseguir “con contundencia y todos los medios posibles” el antigitanismo, con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD).
“En 2024 se ha registrado un descenso en los delitos de odio de antigitanismo después de cinco años de incremento. Seguiremos trabajando para que continúe esa tendencia a la baja y lograr erradicar actitudes intolerables en una sociedad moderna y democrática”, ha señalado el ministro en la sede del Ministerio del Interior. Al encuentro han asistido 10 integrantes de Fakali, junto a Beatriz Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo, además del jefe de servicio de la ONDOD, Tomás Fernández.
Los representantes de Fakali han agradecido el encuentro y han traslado al ministro los principales proyectos de la federación, como el Pacto contra el Antigitanismo, la primera estrategia de alianza social contra toda clase de discriminación hacia el Pueblo Gitano a la que se ha adherido casi un centenar de instituciones y que incluye un documento de trabajo con orientaciones y propuestas para identificar y ejercer el derecho a la denuncia en casos de discriminación.
También han compartido su iniciativa sobre el Observatorio contra la discriminación, una herramienta sociocomunicativa de control y seguimiento de los contenidos digitales orientado a la detección de casos de discriminación en clave gitana, y el Buzón contra el antigitanismo, un servicio de carácter gratuito destinado a prestar información y asesoramiento jurídico a las personas que hayan sido víctimas de actos de discriminación y delitos de odio.
