La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) expresa su profunda preocupación y malestar ante la decisión del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, de abrir un expediente disciplinario por falta muy grave contra un agente destinado en la comandancia de Badajoz. Dicho agente, que además es representante de AUGC en la provincia, está siendo investigado supuestamente por haber consultado la matrícula del vehículo en el que el prófugo Carles Puigdemont abandonó España tras su breve aparición en Barcelona el pasado mes de agosto.
El 8 de agosto de 2024, Carles Puigdemont realizó un fugaz mitin en Barcelona antes de huir en un vehículo blanco, un episodio ampliamente difundido por los medios de comunicación. Según las informaciones publicadas, el citado vehículo estaría a nombre de la esposa de un agente de la policía catalana, lo que habría motivado la activación de la operación “Jaula” para identificar a sus ocupantes.
En respuesta, el Ministerio del Interior ha decidido iniciar un expediente disciplinario contra el agente al que acusan presuntamente de haber accedido a la base de datos de la Guardia Civil para consultar la matrícula del vehículo. Desde AUGC subrayamos que esta medida resulta desproporcionada, especialmente al tratarse de un representante de nuestra asociación a quien pretenden sancionar con la mayor de las sanciones, incluso podría costarle la expulsión de la Guardia Civil.
Una respuesta que genera dudas
AUGC condena enérgicamente que el Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Marlaska, pueda estar cediendo a las demandas del independentismo catalán, utilizando la institución de la Guardia Civil como herramienta para satisfacer intereses políticos. La calificación de los hechos como falta muy grave nos parece desmesurada y difícil de justificar bajo criterios objetivos. Desde AUGC consideramos que esta acción busca contentar a los socios parlamentarios del Gobierno en Cataluña, perjudicando gravemente los derechos y la integridad profesional del guardia civil afectado.
Exigencia de garantías y proporcionalidad
AUGC reitera su compromiso con la defensa de los derechos de todos los agentes de la Guardia Civil y exige al Gobierno y a la Dirección General del Cuerpo que actúen con justicia y proporcionalidad. No toleraremos el uso político de la institución ni que nuestros representantes sean objeto de represalias o medidas disciplinarias infundadas. Este nuevo caso evidencia, una vez más, la urgente necesidad de revisar el uso de la Ley Disciplinaria y garantizar que su aplicación sea justa, objetiva y acorde con los principios de un estado de derecho.
AUGC ha de mostrar su extrañeza porque no parece que el Ministerio del Interior se aplique con el mismo celo a conseguir la puesta a disposición de la Justicia de personas a las que se las acuse de la comisión de hecho merecedores de reproche penal y sí lo tengan para perseguir presuntos hechos, con una relevancia objetiva infinitamente inferior.
