Advierte de las “consecuencias catastróficas” y del “colapso de la Sanidad pública” (especialmente en la España abandonada) que el fin de MUFACE tendría para el Sistema Nacional de Salud por la incorporación de más de 2,5 millones de usuarios al sistema público.
Propone reforzar el sistema público de salud asegurando que, en caso de un eventual aumento de la demanda, se dispongan de los recursos suficientes para evitar el colapso del sistema, con especial atención a las zonas rurales y regiones con menor dotación sanitaria.
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley relativa a garantizar la sostenibilidad del mutualismo administrativo con el objetivo de garantizar la protección social de los funcionarios, militares, guardias civiles, personal del CNI, jueces y magistrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, así como la de sus familias.
VOX recuerda que el sistema de mutualidades que incluye a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), “ha sido durante décadas un pilar fundamental del bienestar de muchos funcionarios, jueces, magistrados y militares de España y su familias”. Este modelo permite que más de 2,5 millones de personas puedan optar entre sanidad pública y privada, reduciendo así la carga sobre el Sistema Nacional de Salud y asegurando una atención sanitaria de calidad.
Sin embargo, la iniciativa registrada señala que “la supervivencia de este modelo se encuentra amenazada por culpa del Gobierno”. Por un lado, Sumar tiene como objetivo acabar con estas modalidades de cobertura sanitaria, algo que “es preocupante dado que la titular del Ministerio de Sanidad forma parte de dicho grupo”. VOX también denuncia que el secretario de Estado de Sanidad afirmó recientemente en sede parlamentaria que “lo lógico es hacer desaparecer el mutualismo administrativo”. Asimismo, la Fundación Alternativas, del PSOE, propone la eliminación de estas mutualidades, así como la de los sistemas de protección que existen para otros grupos profesionales específicos.
Otro de los riesgos que afectan al mutualismo público-advierte VOX- es su viabilidad financiera, dependiente en buena medida de la Administración General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Así, la proposición no de ley lamenta que “el mutualismo ha estado infrafinanciado durante años, lo que está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema, una situación que está siendo utilizada por el PSOE y el Gobierno”.
Aunque el mes pasado el Gobierno aprobó una subida del 17,12% en las primas que el Estado paga a las aseguradoras que gestionan el servicio de mutualidades, VOX califica de “insuficiente” el incremento de la prima para el periodo 2022-2024 incluso para cubrir siquiera el aumento de los precios en España. “Este es solo uno de los motivos que han hecho que las aseguradoras de MUFACE sitúen sus pérdidas anuales en el año 2022 en 170 millones por este servicio”, sostiene la formación de Abascal.
Este aumento insuficiente, por tanto, “ha puesto en riesgo la viabilidad del sistema, provocando que recientemente una serie de compañías de seguros hayan anunciado que dejan de participar en la asistencia de los funcionarios, dejando a los mutualistas sin acceso a la sanidad privada y obligándolos a recurrir exclusivamente al ya sobrecargado SNS”, denuncia VOX.
Peor aún es que el fin de MUFACE “traería consecuencias catastróficas” para el SNS, como es la incorporación de más de 2,5 millones de usuarios de las mutualidades al sistema público, lo que “provocaría un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas y del 115% en las intervenciones quirúrgicas”. Estas cifras, sostiene la iniciativa, “ilustran el colapso que sufriría la sanidad pública, especialmente en la España abandonada, donde la capacidad sanitaria está muy limitada”.
Por lo tanto, “el desmantelamiento del sistema de mutualidades afectaría gravemente a funcionarios, jueces, magistrados, militares y sus familias, quienes perderían su capacidad de elegir entre sanidad pública y privada”.
Por otra parte, el impacto en el sector privado también sería significativo. La iniciativa de VOX recoge que el desmantelamiento de MUFACE provocaría el cierre de 21 hospitales privados en 14 regiones y la pérdida de 13.062 empleos en el sector sanitario privado. Además, esta medida no solo afectaría a los empleados de estos centros, sino que también reduciría la capacidad global de la atención sanitaria en las regiones afectadas, incrementando la presión sobre el sistema público.
Por otro lado, el envejecimiento del colectivo de funcionarios es un factor que incrementa los costes sanitarios, ya que “las personas mayores requieren más atención médica especializada”. Este ha sido uno de los motivos clave por los que las aseguradoras solicitaron un aumento del 40% en las primas. Sin embargo, “el Gobierno ha ignorado esta realidad, aprobando una subida insuficiente que pone en peligro la atención médica de este colectivo vulnerable”.
Para VOX el desmantelamiento de MUFACE también tiene que ver con la situación fiscal de España. “Las concesiones del Gobierno de Sánchez al cupo separatista podrían debilitar gravemente las arcas públicas, comprometiendo la capacidad del Estado para sostener servicios esenciales como la sanidad”. Así lo asegura un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que alerta de que las aseguradoras ya están registrando pérdidas millonarias de 170 millones de euros en la prestación de servicios a los funcionarios y, sin una subida suficiente, no podrán continuar ofreciendo estos servicios.
VOX, concluye: “Es inadmisible que el Gobierno siga priorizando acuerdos políticos territoriales, y el desmantelamiento de la nación con el fin de perpetuarse en el poder, sobre el bienestar de millones de ciudadanos. La falta de inversión adecuada en el sistema sanitario público, y la insistencia en no aumentar las primas a un nivel razonable, refleja una clara incapacidad para gestionar de manera eficiente los recursos del país”.
Por ello, el Grupo Parlamentario VOX exige al Congreso que inste al Gobierno a:
- Garantizar la protección social de los funcionarios, militares, guardias civiles, personal del CNI, Jueces y Magistrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, así como la de sus familias, mediante el mantenimiento del modelo del mutualismo administrativo -gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU)-, preservando sus derechos adquiridos.
- Asegurar la viabilidad del sistema de mutualidades administrativas y llevar a cabo las medidas económicas para evitar que las aseguradoras abandonen el concurso.
- Reforzar el sistema público de salud, asegurando que, en caso de un eventual aumento de la demanda, se dispongan de los recursos suficientes para evitar el colapso del sistema, con especial atención a las zonas rurales y regiones con menor dotación sanitaria.
- Llevar a cabo un análisis del impacto que podría tener el desmantelamiento de las mutualidades administrativas en los servicios sanitarios públicos, así como en la pérdida de empleo en el sector sanitario privado.
