En nota de prensa de la Unión federal de Policía, (UFP), da a conocer al colectivo policial que en el día de hoy, tal y como afirman varios medios, las aseguradoras privadas han rechazado continuar prestando servicio a los funcionarios de la Administración Pública en los términos contractuales actuales.
Han decidido no presentar ofertas para renovar los contratos del concierto sanitario programado para el 2025 y 2026. Este rechazo plantea interrogantes sobre el futuro inmediato de la asistencia sanitaria para 1,5 millones de personas (asegurados y familias) en toda España.
La primera pregunta que se plantea es clara: ¿Qué sucederá ahora?, y en la nota de prensa la resuelve el sindicato:
Ante la ausencia de ofertas para el contrato ofrecido, tal y como ha manifestado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública: Los mutualistas seguirán recibiendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales, con las prórrogas y los mecanismos “previstos en la Ley de Contratos del sector público”.
Una vez que la licitación ha quedado desierta Muface iniciará los trabajos para una nueva oferta.
La continuidad del servicio de asistencia sanitaria a corto/medio plazo está asegurada. Muface ya ha manifestado que los funcionarios continuarán recibiendo atención médica en las condiciones actuales y que con posterioridad a la fecha de finalización del concierto se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias.
Lo más importante que es que bajo ningún concepto se produzcan interrupciones en tratamientos y coberturas sanitarias, algo que parece a priori que no se va a dar.
Preocupación por la Pérdida Progresiva de Servicios
Es evidente la pérdida ya no sólo de interés económico por parte de las aseguradoras en atender sanitariamente a los funcionarios y sus familias, sino la manifiesta pérdida progresiva de servicios que se viene experimentando en los últimos años. Cada vez son más los hospitales y clínicas que reducen su cobertura en determinadas especialidades, menores opciones de elección de centros sanitarios, etc.
Esto es algo que evidencia la falta de interés por parte de la Administración por solucionar algo tan importante como es la salud de sus trabajador@s.
El momento actual en el que la atención sanitaria de 1,5 millones de beneficiarios se encuentra pendiente de un nuevo acuerdo entre Muface y aseguradoras, se exigen soluciones que garanticen la continuidad de la asistencia digna y sostenible para los funcionarios.
De no llegar a un acuerdo entre las partes, se produciría una sobrecarga del sistema público de salud, ya de por sí saturado y con largas esperas para especialistas, que debería absorber a los funcionarios y sus familias.
El próximo jueves 7 de noviembre, está convocada de urgencia el Consejo General de Muface para tratar este asunto. La Unión Federal de Policía acudirá al mismo como asesor de UGT en lo que respecta al colectivo policial.
