La Asociación mayoritaria de mandos de la Guardia Civil responden ante el anuncio de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, “en APROGC creemos que el Gobierno debería tener otras prioridades. Los guardias civiles no son considerados una profesión de riesgo, y eso debería ser una prioridad para el máximo responsable del Ministerio del Interior. Además, conseguir la equiparación real con otras policías autonómicas también debería ser una prioridad, al igual que mejorar los medios materiales y ampliar las plantillas para evitar el cierre de cuarteles.
Sin embargo, todo esto no parece ser una prioridad para el Gobierno actual. Una vez más, estamos ante un Gobierno que parece más preocupado por sus propios intereses que por los intereses generales.
Los guardias civiles no pueden trabajar en las calles sin el respaldo del principio de autoridad. ¿Cómo pretende el Gobierno que hagamos nuestro trabajo si nos deja atados de pies y manos? Necesitamos herramientas para desempeñar nuestras funciones con seguridad, especialmente en un momento en el que las agresiones contra los guardias civiles aumentan año tras año.
Creemos que es urgente reforzar el principio de autoridad y realizar las modificaciones necesarias en el Código Penal para endurecer las penas por agresiones a los agentes.
Desde APROGC pedimos que todos los agentes de servicio en la calle dispongan de cámaras personales. Si el Gobierno y sus socios creen que los guardias civiles atropellamos los derechos de los ciudadanos, nosotros solicitamos llevar cámaras para demostrar lo contrario: son las patrullas las que sufren agresiones verbales y físicas en determinadas intervenciones.
El Gobierno está completamente equivocado en la dirección que ha tomado. En lugar de dejarnos desprotegidos jurídicamente, debe blindarnos legalmente y proporcionarnos material adecuado, como cámaras, táseres, vehículos, barcos y, sobre todo, personal”.
