Reino Unido libera a miles de presos para aliviar la saturación carcelaria

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En un movimiento polémico y sin precedentes, el gobierno del Reino Unido ha comenzado la liberación de más de 5.500 presos para hacer frente a la creciente saturación en las cárceles del país. Esta medida, que ha generado tanto apoyo como críticas, busca aliviar la presión sobre el sistema penitenciario, que ha estado operando al 99% de su capacidad desde principios de 2023.

El plan, anunciado por el gobierno laborista en julio, excluye a aquellos condenados por delitos graves como agresiones sexuales y violencia doméstica1. Sin embargo, permite la liberación anticipada de reclusos con penas menores a cinco años que ya hayan cumplido al menos el 40% de su condena.

La decisión ha sido recibida con preocupación por parte de las víctimas de delitos y sus familias, quienes temen por su seguridad. “Es una situación de emergencia”, declaró el ministro de Comercio, Jonathan Reynolds, en una entrevista con Sky News. “De todos los escándalos que hemos heredado, el estado del sistema penitenciario y judicial es probablemente el peor de todos y es una decisión difícil”.

El hacinamiento en las cárceles británicas se ha visto exacerbado por las recientes detenciones durante los disturbios antiinmigración de agosto, lo que ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas. A pesar de las garantías del primer ministro Keir Starmer de que no se liberarán presos de alto riesgo, la desconfianza persiste entre la población.

Entre los liberados se encuentran individuos condenados por delitos de menor gravedad, como tráfico de drogas y pertenencia a pandillas. Algunos de estos reclusos han expresado su gratitud hacia el gobierno laborista, mientras que otros han manifestado su alegría de manera más controvertida, celebrando con champán junto a sus amigos.

El plan de liberación se llevará a cabo durante las próximas seis semanas, dejando a miles de presos en las calles antes de cumplir sus condenas completas. Esta medida ha sido descrita por el gobierno como una respuesta necesaria a una crisis penitenciaria, pero ha generado un debate intenso sobre la seguridad y la justicia en el Reino Unido.

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