Juan Pablo de Anca, coordinador y fundador de «Una Policía para el Siglo XXI»*
Hace cuatro años publicamos en este medio el artículo ¿Crisis de la inmigración o crisis política? Solución policial justificando por qué hacía falta un mecanismo regulatorio de la inmigración en Europa y en qué debería consistir.
Proponíamos un mecanismo de control en que España podría tener el grifo, lo que supondría una ventaja competitiva a nivel europeo, un modelo híbrido entre el sistema australiano, incompatible con la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y el sistema anárquico europeo que permite usar la migración como herramienta económica y política, en que la ausencia de regulación es explotada por las organizaciones criminales que usan la migración para enriquecerse y por terceros estados, que la usan para jugar sucio a la política. Y exponíamos de qué manera el Gobierno estaba siendo cómplice de estas organizaciones y terceros estados que juegan con reglas africanas por su negativa a implementar una herramienta regulatoria.
Con una inmigración desregulada las organizaciones criminales deciden a cuántos inmigrantes nos envían y qué precio pagan, los bancos que les conceden créditos en condiciones africanas los explotan una vez llegados a Europa para devolver los créditos, o presionan a los Estados para que les paguen subvenciones que les permitan pagar dichos créditos, ya que los mismos actores compran deuda soberana. Son los gobiernos desleales con Europa los que deciden a quienes nos envían y en qué condiciones, por ejemplo, a cuántos presos liberan de sus cárceles para lanzarlos a nuestras calles. En definitiva, el grifo de la migración a Europa lo controlan otros.
En el artículo explicábamos de qué manera el Gobierno de España bajo la Presidencia de Sánchez, se había comprometido a abordar los flujos migratorios de manera conjunta, ordenada y segura, en cumplimiento de la Agenda de Marrakech firmada en 2018, también conocida como Pacto Mundial de las Migraciones. Un documento que contenía 23 objetivos razonables, de los que destacábamos 10 en el artículo citado.
El nuevo mensaje es controvertido, pero solo es eso, un mensaje, los medios contrarios al Gobierno publican que Sánchez propone a Mauritania regularizar a 250,000 inmigrantes y la oposición manifiesta su alarma por el “efecto llamada” que va a suponer, cuando el efecto llamada en realidad lo producen más las ayudas. Surgen nuevas preguntas: ¿en qué plazo pretende regularizar a 250,000? No es lo mismo en diez años que en uno, ¿a cuántos rechazados planea retornar en el mismo plazo de tiempo? ¿de qué nacionalidades? ¿solo mauritanos? Desde Mauritania llegan inmigrantes de muchos países y los mauritanos no son el mayor de nuestros problemas, ¿en qué condiciones vendrían? ¿formados o sin formar? ¿los violadores en manada o los que solo aspiran a pagar sus facturas? La palabra de Sánchez es cuestionable porque ahora también defiende retornar a los que han entrado ilegalmente.
El mecanismo que, al parecer, el Gobierno pretende implementar es como Internet, una herramienta. Que tanto le sirve a un degenerado para descargarse pornografía infantil como a un ilustre para publicar su tesis doctoral, la herramienta no es el problema porque es necesaria, y podrá ser empleada de diferente manera por diferentes gobiernos.
Un mecanismo de control permite opciones, por ejemplo, traer en ferry gratis a 1000 cuando existe la previsión de recibir a 10000 en cayucos, al mismo tiempo que se envía de vuelta un ferry con otros 1000 que entraron ilegalmente o que fueron condenados por delitos y han cumplido penas de cárcel, de modo que cuadramos los números. 1000 elegidos y 1000 devueltos (o más), mientras prevenimos que los otros 10000 se echen al mar pagando a los traficantes 4000 o 5000 euros (que no tienen), ya que dispondrán de un mecanismo regulado que los puede transportar gratuitamente si cumplen requisitos.
Los perjudicados por las regulaciones estatales son los actores del libre mercado, en este caso las mafias que los traen los lobbies que les “venden la moto” para que vengan, y los que les prestan el dinero. Un libre mercado de africanos hacia Europa es lo que hay ahora, si no se puede acabar con los flujos migratorios, ¿nos interesa mantener el libre mercado o controlarlo teniendo el grifo Europeo bajo control Español?
El “grifo migratorio” de Alemania (que no de Sánchez) permitirá saber quiénes vienen, cuántos y en qué condiciones. Tenerlos identificados en origen, poder formarlos para que vengan con parte de los deberes hechos y directamente se puedan incorporar al mercado laboral en vez de vagar por las calles. Permitirá la contratación en origen, los que pretenden venir a Europa tendrán una referencias sobre las condiciones que han de reunir y podrán formarse en ese sentido, tanto para venir, como para cambiar de opinión y quedarse en su casa.
El mecanismo lo han llamado migración “circular”, porque unos van mientras otros vuelven. Según la propuesta de 2020, efectuar operaciones de retorno macro en ferry con más impacto que las operaciones aéreas, en especial para los que pretenden venir en patera cuando vean que pueden ser retornados masivamente. El hecho de trabajar juntamente con Mauritania abre la oportunidad a tramitar el retorno por vía terrestre de aquellos marroquíes y argelinos expresidiarios, que sus respectivos países se niegan a recibir de vuelta. Del mismo modo que el Reino Unido triangula pagando a Ruanda, los estados de la UE podrán triangular con Mauritania el retorno de los violadores en manada y los “jovenlandeses” de los machetes para que sean puestos en la frontera terrestre, donde preferirán volver a casa que quedarse esperando “a ver qué pasa”.
Si Argelia es un socio estratégico de Rusia, Marruecos lo es de Estados Unidos, Inglaterra e Israel, con intereses compatibles pero diferentes a los Europeos. Luego, corresponde a la Unión Europea mantener relaciones estratégicas con Senegal, Mauritania, Túnez y Libia, y corresponde a España liderar esas relaciones por política de vecindad.
El pasado mes de febrero la UE prometió a Mauritania 510 millones de euros para proyectos de desarrollo, tales como construir infraestructuras, servicios y desarrollar la producción local. Von Der Leyen prometió 210 millones. Una vez presupuestada la cooperación, pasamos a la parte de firmar los proyectos que forman parte de esa agenda.
En definitiva, nuestra propuesta de 2020 era de crear una herramienta de control, no de legalizar a todos o enviar a todos de vuelta, ambos dos escenarios son inviables. La herramienta tanto sirve para este Gobierno como para la oposición, para que cada gobierno decida a que parte del proceso destina una mayor partida presupuestaria.
¿Es la feliz idea de Sánchez? No, la Comisión Europea ha adoptado como política estratégica la remigración en vista de que este modelo ha fracasado, solo el Gobierno Alemán ha deportado a 10.800 extranjeros no comunitarios en los primeros seis meses de 2024, unos 59 diarios, o sea más de una patera al día. La cifra es creciente y todo apunta a que seguirá en auge, pero necesitamos que el mecanismo funcione a pleno rendimiento para que lo puedan emplear no solo España, sino el resto de los Estados. Esta realidad responde a los casi 14.000 ataques con cuchillo de 2023 también en Alemania, y demuestra la relación entre inmigración y criminalidad.
Todo apunta a que vamos tarde porque la política de los estados miembros ha pivotado hacia la derecha por la violencia en las calles y los gobiernos progresistas han visto como perdían mandatos. España no lidera nada y Sánchez vendía la política diseñada por unos lobbies y ahora por otros.
