Desde la asociación profesional IGC que representa a guardias civiles entienden que, en materia de seguridad ciudadana, ya se ha llegado a un punto en el que el principio de autoridad está quebrado, el respeto hacia el uniforme se está perdiendo y los delincuentes se sienten amparados. Ante este panorama no se auguran buenos tiempos para la labor de las FFCCSE y para una convivencia más tranquila y sin sobresaltos.
Lamentablemente cada vez con más frecuencia observamos episodios en los que guardias civiles se ven expuestos a situaciones de peligro y la ciudadanía a alarmarse, generado por una delincuencia que ha perdido el respeto a lo que suene a policial y por ende, a aquellos servidores públicos que deben representar a la Autoridad.
Los recientes acontecimientos ocurridos en Laguna de Duero (Valladolid) y Fregenal de la Sierra (Badajoz), no dejan de ser ejemplos de que una parte de la ciudadanía ha perdido no solo el respeto, sino el miedo a enfrentarse a los agentes de la autoridad y a lo que representan. “De no revertirse la situación actual mediante revulsivos legales y mayor amparo hacia los policías, mucho nos tememos que no dejaran de producirse hechos de este tipo, al no ser las leyes mucho más contundentes con los delincuentes y no disponer aquellos de los medios adecuados de autoprotección y defensa, llegando incluso a generar, estos episodios, cierta alarma social, al ser muy peligrosos y ver como los agentes, ante lo anterior, pudieran transmitir “debilidad” al presentar ciertos reparos a la hora de controlar las situaciones de riesgo que se les presentan, por estar sujetos los propios funcionarios a un marco jurídico y disciplinario muy contundente a la hora de repeler este tipos de enfrentamientos, en contraposición a las ínfimas penas a las que se enfrentan los agresores”, declaran.
Es por ello que desde IGC Nacional, instan a las Instituciones, Organismos, Corporaciones y cualquier ente que tenga relación con asuntos de seguridad ciudadana, a solicitar también a las Autoridades competentes en la materia, que refuercen por un lado ese principio de autoridad de sus funcionarios públicos, que declaren profesión de riesgo a aquellas que aún no lo son y se enfrentan a continuas situaciones de peligro, a nutrir a sus poblaciones de mayores efectivos y a dotar a las FCSE de los elementos apropiados de autodefensa y protección para controlar adecuadamente este tipo de sucesos. En definitiva, a conseguir una mayor presencia policial y a su vez a garantizar aún más la integridad de esos efectivos.
El hecho de que se disponga de un contingente de guardias civiles apropiado y adecuado para atender y garantizar las necesidades de seguridad y protección de la ciudadanía, dependerá, en parte, de que ellos estén también adecuadamente protegidos.
