La asociación profesional resalta que, pese a que los ahora encarcelados no participaran directamente en la muerte violenta de los guardias Miguel Ángel González y David Pérez, se encuentran acusados por otros delitos de carácter grave y su liberación prematura generaría riesgos para continuar con la línea de investigación y dar con los autores materiales del crimen
JUCIL se une a la petición expresada por el Ministerio Fiscal para solicitar del juzgado que mantenga las medidas de prisión preventiva para todos los vinculados con los hechos que acabaron con la muerte de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez en el puerto de Barbate en la tarde del 9 de febrero pasado
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) entiende que la posibilidad de que salgan en libertad los ahora detenidos y vinculados con los hechos en los que resultaron asesinados los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez el 9 de febrero pasado, generaría un fuerte desasosiego entre los integrantes de este Cuerpo y también la sociedad española.
JUCIL se une a la posición expresada por el Ministerio Fiscal para que los detenidos permanezcan en situación de prisión provisional, a pesar de que un informe elaborado por la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil, asegura sin dudas que ninguno de ellos formaba parte de la tripulación de la narcolancha que arrolló la débil embarcación en la que intentaban perseguirles los asesinados junto a otros cuatro compañeros, de los que uno resultó además con heridas muy graves en un brazo. “Destacamos que las conclusiones del informe forman parte del importante sistema de garantías del ordenamiento jurídico español. Respetamos y valoramos la objetividad y profesionalidad de los compañeros de la UCO en su trabajo, lo que no es óbice para que continuemos en la idea de que los ahora detenidos deben permanecer en prisión. Los hechos en los que están vinculados resultan suficientemente graves y los delitos de los que se les acusa tienen la gravedad necesaria para que se mantengan las medidas preventivas aplicadas por el juzgado”, argumenta el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.
Aumentaría aún más la incertidumbre sobre estos hechos
JUCIL entiende de esta forma que resulta necesario que los detenidos, acusados de contrabando y de pertenencia de organización crimina, vinculados además al asesinato de los guardias civiles continúen en prisión. “Esta posición no sólo es apoyada por JUCIL y mayoritariamente por otras asociaciones profesionales, también es la razonada por el Ministerio Fiscal, dado que los delitos a los cuales se les vincula son de narcotráfico con penas privativas de libertad y su puesta en libertad aumentaría, aún más si cabe, la incertidumbre de que pudieran escapar del país, inclusive imponiendo medidas de control judicial. “Entendemos que existe un elevado riesgo de fuga”, afirma Vilariño. “La salida de prisión no solo generaría un mayor desasosiego del ya existente ahora entre los guardias civiles, sino también sería causa de esta misma sensación en la población en general, ya que verían como estos detenidos que sí formaban parte de la tripulación de otras narcolanchas abarloadas en el puerto de Barbate hasta que llegaron los guardias civiles, y otros colaboradores que como se ha podido ver por las imágenes azuzaban, jaleaban y animaban a los presuntos asesinos quedaran impunes”, resume el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.
