La Guardia Civil ha frenado en Sevilla cuatro toneladas y media de pescado tras detectar ‘in fraganti’ a operarios de una empresa de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Al parecer, estaban reetiquetando las fechas de consumo preferente de productos pesqueros congelados.
La investigación está siendo llevada a cabo por el Seprona, con motivo de la prevención del comercio de productos no aptos para su consumo durante la Feria de Sevilla 2024. El Instituto Armado está firmemente comprometido con lograr el correcto y natural desarrollo de estas fechas.
A través de una nota de prensa, la Guardia Civil ha expresado que “no se descarta que parte de los productos” paralizados en esta operación “podrían estar destinados” para la Feria de Abril. Entre los productos intervenidos figuran cangrejos, bogavantes, bacaladilla, potón y chanquetes, dejando un peso de más de cuatro toneladas y media en total.
La inspección se realizó hace unos días en el almacén de la empresa investigada, donde se encontraron pallets de lomos de bacalao congelado con fecha de consumo preferente de junio del año 2022. Asimismo, se encontraron con nuevas etiquetas alterando la fecha de consumo preferente para el año 2026.
Esto obligó a los efectivos a llevar a cabo una inspección más exhaustiva del almacén, encontrando productos pesqueros de diferente naturaleza con fecha de caducidad vencida, algunos ya reetiquetados.
Tras su inspección, veterinarios del área de salud pública de Alcalá de Guadaira han decretado el no apto para el consumo, quedando precintados en las propias instalaciones, a la espera de su destrucción por una empresa autorizada.
Tal y como apuntan hipótesis obtenidas tras las investigaciones, la empresa compró el producto a sabiendas que su fecha de consumo preferente estaba vencida o superada desde hace dos años.
Por el momento hay implicadas al menos seis personas, a quienes se les investiga por supuestos delitos de falsedad documental y contra la salud pública. El Seprona continúa actualmente con la instrucción de diligencias y estudio de documentación, no descartando la implicación de más investigados.
En la inspección se ha contado con el apoyo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) de la Junta de Andalucía, un técnico de trazabilidad del servicio de pesca de Sevilla, y de un veterinario de salud pública de Alcalá de Guadaira.
