La Confederación Española de Policía (CEP) ha declarado esta mañana un conflicto colectivo contra el Ministerio del Interior ante el desprecio y la nula implicación del departamento en la atención de reclamaciones relacionadas con la dignificación de la jubilación de los policías, su consideración como profesión de riesgo, la equiparación salarial y la necesidad de reforzar la protección física y jurídica de los agentes ante el aumento intolerable de agresiones que sufren en sus intervenciones.
Esta medida, contemplada en la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional para casos excepcionales en los que las grandes reivindicaciones de los representantes de los policías no son atendidas, implica la convocatoria de una reunión extraordinaria del Pleno del Consejo de Policía -el órgano paritario de interlocución entre Interior y los representantes de los agentes- para intentar conciliar la postura del sindicato y del departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska.
La medida adoptada por CEP, que ya lleva dos meses y medio sin acudir a reuniones oficiales con la Dirección General de la Policía en señal de protesta, sitúa al Ministerio frente a la realidad de cuatro grandes reivindicaciones para mejorar la vida profesional de más de 70.000 agentes que no sólo no se atienden sino que, en algunos casos, sufren el boicoteo deliberado de Interior. Así, en el texto de la declaración del conflicto se indica que estas demandas “constituyen un clamor y un demanda justa” ante las que el Ministerio “no puede continuar haciendo oídos sordos, puesto que con esa actitud se lesionan derechos profesionales y se evita reconocer el trabajo y sacrificio de un colectivo ejemplar en su compromiso con la defensa del Estado de Derecho”.
La primera demanda que CEP exige sea tomada en consideración es la dignificación de las pensiones de jubilación de los policías, que en este momento pierden cientos de euros en sus retribuciones al pasar a esa situación porque dos terceras partes de los agentes cotizan en un régimen específico -el de clases pasivas, que es diferente al de la Seguridad Social- que les convierte en víctimas de un desplome en sus retribuciones. El texto presentado por este sindicato recuerda que en 2023 se jubilaron 1.684 policías al cumplir los 65 años y que este año está previsto lo hagan otros 1.336. “La jubilación digna de los policías es una emergencia que nos afecta a todos los profesionales de la seguridad pública”, recuerda CEP, para añadir que “tantas décadas de carrera profesional, de riesgos y sacrificios, tantos años de implicación en una tarea tan apasionante como es la protección de los demás, acaban con una pensión de tan poca entidad que representa un insulto para esos miles de compañeros/as”.
La segunda reivindicación tiene que ver con la declaración de los policías como profesión de riesgo. Una medida que permitiría su jubilación anticipada, a los 59 o 60 años, sin ver sus pensiones reducidas, todo ello debido a la especial penosidad y riesgo del trabajo policial. Este mecanismo ya lo tienen en España artistas, toreros, tripulaciones de líneas aéreas, bomberos, mineros y las Policías autonómicas y locales. Pero los
policías nacionales no tienen esa consideración. CEP recuerda en la declaración de conflicto que “si el trabajo policial de Cuerpos locales y autonómicos sí tiene esa clasificación su no aplicación a nuestra Corporación es una discriminación de dimensiones inaceptables”, añadiendo que “tener que justificar que el trabajo que desarrollan nuestros compañeros en toda España es arriesgado resulta innecesario, por ser algo evidente y ampliamente reconocido por la sociedad”. El documento recuerda, además, que el PSOE ha eludido apoyar esta legítima reivindicación tanto en el Senado -se abstuvo en el Pleno de 3 de abril, en donde salió adelante una moción apoyando esta demanda- como en el Congreso -en donde ya se había abstenido el 28 de febrero en una votación similar, en la Comisión de Interior- y que en el Parlamento Europeo se llegó a votar en contra de que la petición de CEP fuese analizada, cosa que finalmente no lograron.
CEP reclama a Interior, además, el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial firmado con cuatro sindicatos de Policía Nacional y siete asociaciones profesionales de Guardia Civil, en marzo de 2018. El departamento de Grande-Marlaska no sólo se niega a ejecutar dos cláusulas todavía pendientes de aplicación -una de ellas, la que debería llevar a elaborar una norma que evite desigualdades retributivas entre las FCSE y el resto de Policías- sino que ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional una sentencia, de junio de 2023, que le obligaba a sentarse en la mesa de negociación para ejecutar esos avances pendientes. El escrito de CEP concluye que “pese a los reiterados llamamientos de todos los sindicatos para llevar a pleno efecto el acuerdo de 2018, seis años después esas dos cláusulas se mantienen bloqueadas”. Añade, además, que quedan otras muchas mejoras económicas pendientes de negociación y concluye recordando que en fechas próximas la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados va a volver a debatir y votar una proposición no de ley, presentada en enero de este año, para instar al Ministerio a cumplir esos compromisos.
Finalmente, CEP recuerda que viene denunciando el intolerable aumento de agresiones a policías y guardias civiles -1.400 agresiones mensuales de media, en 2023- y que el año pasado se volvió a alcanzar una cifra récord, superando la de 2022 (que ya lo era) y dejando por detrás las de los dieciséis años anteriores. De los 16.672 ataques registrados a miembros de las FCSE, los policías fueron víctimas del 55,6%. Por ello, CEP impulsa desde hace un año la campaña ‘Tiene Delito’, que denuncia esa realidad y la pérdida del principio de autoridad por el escaso reproche penal de los atentados. Frente a ello, el ministro ha anunciado recientemente en sede parlamentaria que retoma la iniciativa para recortar la principal herramienta normativa que utilizan los policías en su trabajo, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana; es esta una apuesta polémica que suscita el rechazo de la totalidad del colectivo policial. Por otra parte, CEP denuncia en el escrito de presentación del conflicto que Interior elude ejecutar la sentencia obtenida por este sindicato en el Tribunal Supremo en febrero, que obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir las intervenciones de los agentes.
Frente a estas cuatro reivindicaciones, Interior se ha limitado a crear grupos de trabajo -sin la participación de los representantes de los policías y sin ofrecer detalles sobre la evolución de sus análisis- que le permitan ganar tiempo y argumentar que está trabajando en nuestras demandas. Es el caso de la jubilación digna, la profesión de riesgo o el seguro de responsabilidad civil. Esos foros, según CEP, no dejan de ser herramientas dilatorias: “nunca llegan a conclusión alguna porque ese no parece ser su objetivo real”, concluye el documento.
El conflicto colectivo que ha planteado hoy CEP es el primero de esta legislatura al que se enfrenta el Ministerio del Interior y llega después de que decenas de miles de policías y guardias civiles se manifestaran en las calles de Madrid, el pasado 16 de marzo, exigiendo estas mismas mejoras y avances para su profesión.
