La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), informan de la brutal agresión de un interno a un jefe de servicios del Centro Penitenciario de Zuera. Unos hechos que transcurrieron tras un cacheo rutinario del módulo nueve, donde se le requisa un teléfono móvil a un interno, objeto totalmente prohibido.
Posteriormente en el reparto de la cena, debido a la gran tensión que hay en el módulo, es avisado el Jefe de Servicios que se persona en el módulo. El interno le recrimina la requisa del objeto prohibido gritándole que “solo es para hablar con mi familia, que sois unos torturadores”, grita al resto de internos que se unan a él, consiguiendo que varios de ellos le secunden y súbitamente sin motivo le empieza a propinar puñetazos, tirando al suelo al Jefe de Servicios y propinándole más patadas.
Afortunadamente, gracias a la rápida actuación de los funcionarios de prisiones allí presentes pueden inmovilizar al interno y a otros dos a pesar de la agresividad y de la fuerte resistencia del interno, siendo trasladados al departamento de Aislamiento.
El Jefe de Servicios fue atendido por los servicios médicos del centro penitenciario, con múltiples contusiones, para posteriormente acudir a un centro hospitalario. Una vez más, gracias a la gran profesionalidad de los trabajadores del centro, un incidente de extrema gravedad, por las nefastas consecuencias que podía haber tenido para todos los presentes en el mismo, es solventado por éstos, aún a costa de su integridad física.
Desde APFP quieren reconocer su gran profesionalidad y desear al compañero agredido una pronta recuperación, reconocimiento que debería realizar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a él personalmente y para todo el colectivo de profesionales penitenciarios, en mejoras económicas, laborales y cubriendo las vacantes de personal existentes, para que haya más seguridad en los centros penitenciarios.
Remarcan que la plantilla de Zuera ha visto recortados sus derechos laborales, con la supresión de dos autobuses, uno procedente de Huesca, que deja a más de 100 familias afectadas. Por APFP, se ha elevado escrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para su solución, que sigue sin hacer nada para solventarlo y comunicado a los portavoces de la Comisión de Interior del Partido Popular y del Partido Socialista, que esperan que actúen lo más rápido posible para solucionarlo.
Señalan que seguirán exigiendo al Ministerio del Interior un estatuto propio como marco normativo para los profesionales penitenciarios, el Grupo B para los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes, adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas taser, así como una actualización retributiva con la equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña, igual trabajo igual salario.
