La asociación profesional registró la semana pasada en el Congreso de los Diputados un informe de lo sucedido en la localidad gaditana, donde una narcolancha arrolló la pequeña zodiac desde la que se intentaba identificar a los traficantes y mató a los guardias David Pérez y Miguel Ángel González
JUCIL ha pedido al Parlamento la puesta en marcha de una comisión que determine las responsabilidades políticas de lo ocurrido y ponga en marcha un cambio legislativo que otorgue mayor protección jurídica a los agentes policiales en sus actuaciones
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL)) insta a los grupos parlamentarios que hoy participan en la Comisión de Interior del Congreso a que soliciten una investigación sobre los sucesos que culminaron con el asesinato de dos guardias civiles, David Pérez y Miguel Ángel González, arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate el 9 de febrero pasado. “Hoy se reúne la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y JUCIL presentó el viernes, para conocimiento de los grupos parlamentarios, un informe sobre lo ocurrido en Barbate. Esperamos que alguno, o varios de los grupos parlamentarios soliciten la apertura de esa comisión de investigación”, ha declarado Ernesto Vilariño, secretario general de esta asociación profesional mayoritaria entre los guardias civiles.
Responsabilidades políticas y cambios legislativos
El informe de JUCIL narra los hechos ocurridos en el puerto de Barbate y busca que los representantes en el Parlamento cuenten con la mejor información para adoptar la decisión de investigar la posible existencia de responsabilidades políticas en lo ocurrido. “Esta asociación profesional considera que la inacción del Gobierno, en concreto del ministro del Interior ante la falta de medios para luchar contra el narcotráfico fue uno de los motivos que facilitó el trágico asesinato de nuestros compañeros en Barbate”, ha afirmado Vilariño. “Confiamos en que desde el Congreso de los Diputados se retome esta cuestión para, con las conclusiones a las que llegue la comisión, se propongan cambios legislativos para otorguen mayor seguridad jurídica a los agentes policiales en sus intervenciones frente al tráfico de drogas y de personas”, ha añadido el secretario general de JUCIL.
