La asociación profesional presenta en el Congreso de los Diputados un informe que reúne el cúmulo de carencias de medios y de personal que desembocaron en la orden de que los fallecidos, junto con tres compañeros más, se embarcaran en una pequeña zodiac para intentar identificar y detener a los tripulantes de seis potentes narcolanchas una de las cuáles los arrolló de manera premeditada
JUCIL solicita del Parlamento la creación de una comisión de investigación que analice las responsabilidades políticas de este trágico crimen y que promueva un cambio legislativo que aumente la protección jurídica de los agentes policiales, incluya como delito el transporte sin autorización de combustible y permita que la Armada colabore en las tareas de control del tráfico marítimo en la lucha contra el narcotráfico en toda la zona del Estrecho de Gibraltar
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) reclama del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien no ha asumido su responsabilidad en los acontecimientos que desembocaron en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate el 9 de febrero pasado que, al menos, tenga la valentía suficiente para acudir voluntariamente al Congreso de los Diputados para explicar, en la Comisión de Interior, su versión de lo ocurrido en el puerto de esta localidad gaditana. “JUCIL ha pedido, desde el primer momento, la dimisión del ministro por ser el máximo responsable del abandono en el que nos encontramos los guardias civiles. Un abandono que ha sido una de las causas de que finalmente nuestros dos compañeros, Miguel Ángel González y David Pérez, fueran salvajemente asesinados por unos narcotraficantes” ha manifestado el secretario de Comunicación de JUCIL, Agustín Leal, quien, en compañía del secretario provincial de la asociación profesional en Cádiz, Agustín Domínguez, han presentado esta mañana el contenido del informe elaborado por JUCIL sobre el incidente y que hoy mismo ha presentado en el Congreso de los Diputados, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño para que lo puedan ver los grupos políticos parlamentarios y se abra una investigación sobre lo ocurrido en la Comisión de Interior del Congreso .
Petición de cambios legislativos
JUCIL ha elaborado este informe con el objetivo de que los grupos políticos representados en el Parlamento español tengan conocimiento de lo ocurrido y reclamen una investigación que aclare las posibles responsabilidades políticas por estos hechos.
“Asimismo, esperamos que del resultado de la investigación no sólo se deriven responsabilidades si las hubiera, sino que además se promuevan cambios legislativos que, en primer lugar, doten de mayor protección jurídica a los agentes policiales en el desempeño de sus funciones, incluido el uso de armas de fuego”, ha precisado Agustín Leal. “También proponemos un cambio legislativo que incluya un nuevo tipo delictivo en el Código Penal para el transporte y tráfico de grandes volúmenes de combustible sin autorización administrativa y que se encargue a la Audiencia Nacional la persecución de los delitos del crimen organizado relacionados con la droga y el tráfico de personas.
Participación decisiva de la Armada
JUCIL propone también que del resultado de la investigación en la Comisión de Interior se derive que el Parlamento inste a la Administración a que, ante la falta de medios materiales de la Guardia Civil, sea la Armada la que colabore en el control del tráfico marítimo de la zona del Estrecho dentro del plan de lucha contra los traficantes de drogas y de personas, y que inste además al Ministerio del Interior a declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Espacial Singularidad para establecer mecanismos que permitan que guardias civiles y policías nacionales encuentren incentivos para trabajar en esta área geográfica, donde ahora se registran todos los años más salidas que llegadas en los traslados. “Confiamos, además, en que la comisión parlamentaria reclame, tras su investigación, más medios materiales y humanos en la lucha contra el narcotráfico”, ha añadido Leal.
