Desde la Confederación Española de Policía –CEP– apuntan a que hay motivos más que suficientes para la declaración de conflicto colectivo en el Consejo de la Policía Nacional, “esto genera menos dudas, porque todos estamos de acuerdo en lo básico. Queremos que el Gobierno cumpla el acuerdo de equiparación de 2018. Queremos que se avance en más desigualdades salariales, que las hay. Queremos una jubilación digna para los policías, que para CEP es una prioridad absoluta. Queremos que nuestro trabajo tenga la consideración de profesión de riesgo”.
Y en la CEP, uno de los sindicatos de referencia en la Policía Nacional que no ha dejado de crecer en afiliación en los dos últimos años, quieren poner sobre la mesa un motivo más para la declaración de ese conflicto colectivo. “Tenemos que acabar, de una vez por todas, con un sistema miserable de dietas que castiga a los policías con unas indemnizaciones por razón de servicio que son una vergüenza nacional. Cada vez que nos desplazamos por trabajo, o bien perdemos dinero o bien nos alojamos haciendo equilibrios y comiendo poco y mal. Hay que acabar ya con este escándalo, con un sistema que nos convierte en rehenes del resto de funcionarios -que no viajan, ni de lejos, como nosotros- por estar incluidos todos en una misma norma”. Remarcan que las dietas siguen congeladas desde hace más de dos décadas mientras los precios se han disparado. “O ponemos con esto pie en pared o al final cualquier salida de una unidad va a ser un castigo”, apuntan.
Se está empezando a hablar estas semanas de la necesidad de que los sindicatos se planten frente al Ministerio del Interior por algunas cuestiones que son vitales para el presente y el futuro profesional de los agentes de este Cuerpo. Todos esos temas que están sobre la mesa ya forman parte de las reivindicaciones de CEP, si bien remarcan que en 1997 se planteó el primer conflicto colectivo en la Policía Nacional. Han sido quince los que se han declarado en los últimos veintiséis años. De ese total, seis los han firmado todos los sindicatos. La unidad no es garantía de éxito, porque la Dirección General de la Policía sólo tiene la obligación legal de convocar un Pleno extraordinario del Consejo de Policía y escucharlos, como ocurrió en 2022 y 2019 (con los de JUPOL) o en 2016, 2014 y 2012 (con los de SUP), sin consecuencia alguna.
Pero señalan en noviembre de 2017 todos los sindicatos apoyaron la declaración de conflicto colectivo y eso obligó al Ministerio del Interior a firmar el acuerdo de equiparación salarial, en marzo de 2018. Por tanto, con unión total sí hay más opciones de éxito.
A la pregunta de si la CEP apoyaría un conflicto colectivo, contestan que sí, con sus dos vocales en el Consejo, pero indican que sólo son dos de entre los catorce que hay en el ‘lado’ sindical del Consejo de Policía. “Si no lo apoyamos todos, el efecto será nulo”, de ahí que apunten a que todos los sindicatos tienen que ponerse de acuerdo, y sólo tienen que decirles día y hora para firmarlo. Y a mayores añaden que siempre que se declare ese conflicto colectivo y la decisión de no ir a reuniones sea unitaria CEP dejaría de asistir a las reuniones del Consejo de la Policía o similares, si bien “los afiliados nuestros no van a ser menos que los de los demás. A nosotros nos importan sus intereses y si dejamos de ir al Consejo y el resto de sindicatos sí van, nadie defendería sus derechos. Todo el que plantee que CEP perjudique a sus afiliados, puede ir ya tirando millas”.
¿Paraliza la declaración de conflicto colectivo la Dirección General de la Policía?
Desde esta organización sindical señalan que eso es una mentira propia de ignorantes que tienen las luces justas para llegar al mediodía, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya dejó claro en 2005 que el que en el proyecto de nuevo catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional no se informara en el Consejo de Policía, al haberse declarado un conflicto colectivo en diciembre de 2001 y no asistir en 2002 ningún vocal de lo sindicatos a las reuniones sobre ese borrador, no lo invalidaba. Se había remitido la información y se había ofrecido un plazo para alegar por escrito. Gustará o no, pero esa es la sentencia, apuntalan, y añaden que el poder de la unidad de acción sindical no está en que no funcione el Consejo de Policía, sino en la presión que ese conflicto colectivo traslade al Gobierno y en el impacto que eso tenga sobre la opinión pública. Así fue en 2017, en 2007 y en 2006, desde la unidad, cuando se logró alcanzar acuerdos con el Ministerio del Interior, obligado por esa presión sindical unitaria.
Y es que desde CEP señalan que en unidad todo es posible, y por eso apoyan el conflicto colectivo, “por motivos como los que hemos expuesto. Pero tenemos sólo dos de los vocales del Consejo. Los ofrecemos ya para que todos los sindicatos se pongan de acuerdo y digan cuándo y cómo quieren firmar ese conflicto, en unidad. Y por supuesto, nos sumamos a todas las concentraciones ya convocadas, sin importar quién las organice, y animamos a todos los demás a hacerlo. Porque esa es la única forma de que la presión sindical funcione”.
