Además de la connotación sexual a la que se refiere el ejercicio de la prostitución, este término también alude (en su forma polisémica) a “inducir a hacer un uso deshonroso de un cargo o autoridad, generalmente para obtener dinero u otro beneficio”. Así tal cual especifica la RAE y así tal cual podría una hipotética alianza política convertirse en proxenetas de hasta 45 policías nacionales que se han sentado en el banquillo de los acusados para dar explicaciones por las cargas del 1-O en Barcelona.
En pleno revuelo político, agentes de la Policía Nacional se han convertido en moneda de cambio para cuadrar unas cuentas políticas que permitan la formación de un nuevo Gobierno en España bajo la batuta de Pedro Sánchez. Todo pasa porque el expresidente catalán fugado de la justicia española, Puigdemont, trague con una “barra libre de amnistía” en la que se incluya también los policías con procesos penales abiertos a pensar de desempeñar sus funciones bajo las órdenes de las autoridades judiciales.
Ésta es la fórmula secreta que se cocina entre políticos donde los servidores públicos que han defendido el Estado Democrático y de Derecho y cumplido fielmente con sus obligaciones se equipararían a delincuentes y prófugos de la justicia en un cóctel psiquiátrico digno de película de Hitchcock. Este “vale todo” abre de nuevo la polémica sobre incluir o no a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en una hipotética Ley de Amnistía que inicialmente ideada en sus orígenes para el amparo exclusivo de los encausados por el “procés”. Unos policías que solo piden que se haga justicia y ejercer su uso a legítima defensa para defender, no solo su inocencia, sino también su honor.
