El avance de datos estadísticos hasta el mes de abril, aunque refleja una leve mejora de la evolución de la siniestralidad laboral, respecto al mismo periodo del año anterior, no esconde el terrible problema que aún tenemos en este país con los accidentes laborales. Basta fijar la vista en lo que ha ocurrido con los accidentes mortales. Han muerto 230 personas: 197 durante la jornada laboral (17 menos que las registradas hasta abril del año pasado, pero en cualquier caso una cifra extremadamente alarmante) y 33 por accidentes in itínere (11 menos que hasta abril de 2022)
La primera causa de la muerte ha continuado siendo los infartos y derrames cerebrales, seguido por las muertes por accidentes de tráfico, por caídas y por atrapamientos, aplastamientos y amputaciones. El sector servicios, es el que cuenta con mayor número de trabajadores/as, es donde se ha producido mayor número de muertes con 107 casos.
Otros datos que llaman la atención es que se produce un leve descenso de los accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral, lo que puede venir derivado de la reducción de los casos de Covid-19, calificados como accidente de trabajo. Y el aumento del 12,2% de los accidentes in itínere, que puede deberse a la vuelta a los centros de trabajo tras la reducción del teletrabajo por parte de las empresas.
Lo que está claro es que la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas sigue siendo una asignatura pendiente, que es preciso poner en marcha, cuanto antes, una mesa de Diálogo Social en esta materia (que fue anunciada en la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027) y que es necesario un compromiso nítido de los partidos políticos para acabar con esta lacra. UGT reclama que recojan en sus programas electorales el compromiso de aprobar un Plan de Choque, negociado y consensuado con los agentes sociales, que incluya la exposición a riesgos psicosociales de origen laboral (porque los infartos y derrames cerebrales siguen siendo lo primera causa de muerte)
El sindicato reclama además que se cree una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, a nivel estatal. Esto ayudaría a mejorar la prevención en las pymes de nuestro país, donde no hay representación sindical. Y es que un 45% de accidente de trabajo con baja ocurridos en jornada laboral se registraron en las empresas de menos de 50 trabajadores (según datos definitivos de 2021).
Por último, el sindicato recuerda la necesidad de dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral. La primera para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa y la segunda para que investigue y depure responsabilidades, porque no se puede consentir que los accidentes laborales mortales, entre otros, queden impunes.
