En el auto de la AN describe a la organización como un conglomerado de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar a un total de 105 personas en la causa por la denominada Operación Emperador, la macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao P. para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 envía este procedimiento a la Sala de lo Penal por hechos que constituyen, según su criterio, delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos.
La resolución, que pone fin a la instrucción de este procedimiento, da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.
Además de contra Gao P., el juez dirige el procedimiento contra otros miembros de la cúpula de la organización, de la Guardia Civil, de la Policía, como el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel G.G., empleados de banca, empresarios o joyeros expertos en diamantes que colaboraban en el lavado de activos. El juez también propone juzgar a Ignacio G.J., actor de cine de adultos conocido como “Nacho Vidal”.
El juez expone que a partir de la diligencias de entradas y registros ejecutadas, intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, así como del análisis de documentación, dispositivos de almacenamiento masivo de información obrantes a la causa y de los informes periciales practicados, “aparecen indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional, encabezada por Ping G., compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas”.
Una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.
Las tres tramas de la organización criminal
En su escrito el juez explica que la investigación ha acreditado la existencia de una macroorganización bajo el liderazgo absoluto de Ping G., que de forma permanente y sistemática durante años defraudó a Hacienda y blanqueó las ganancias obtenidas a través de una pluralidad de sociedades donde cada investigado tenía distribuidas de forma milimétrica y perfecta sus funciones y cometidos.
Esta organización criminal se estructuraba en un primer gran bloque, compuesto por ciudadanos chinos afincados en España que importaban a gran escala unos mil contenedores anuales de artículos de bazar fabricados en su país y que distribuían a través de 39 sociedades meramente instrumentales, organizadas con dos contabilidades paralelas, con el único propósito de eludir el pago de impuestos a la hacienda Pública. Para ello, registraban un número menor al real de los artículos que entraban en los contenedores y declaraban otro tipo de productos distintos a los reales. Ese material posteriormente se centralizaba en naves industriales como las del Polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) y en la localidad toledana de Seseña y de ahí era distribuido a sus clientes que estaban repartidos en todo el territorio nacional. Esta primera trama de la organización transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros.
Las mercancías se cobraban en efectivo, lo que generaba a la organización “una inconmensurable cantidad de dinero en metálico” que posteriormente enviaban a China, “fuera de los cauces legalmente establecidos, a fin de evitar su oportuna declaración y el consiguiente pago tributario”.
La trama de intermediación para el blanqueo de capitales
Una segunda trama de la organización estaba integrada por personas que actuaban de intermediarios. Eran ciudadanos que tenían elevados saldos bancarios en paraísos fiscales, que requerían dinero en efectivo en España y que contactaban con los investigados, que a su vez tenían dinero metálico en España y querían transferirlo ilícitamente a cuentas bancarias localizadas en el exterior. Los intermediarios cobraban comisiones entre el 2% y 3% por facilitar la salida del dinero de la organización de Gao P.
Esta organización se encuentra liderada por François L., explica el auto, y funciona como una estructura de intermediación, a cambio de una comisión, entre personas que teniendo elevados saldos bancarios en paraísos fiscales requieren dinero efectivo en España, y quienes teniendo precisamente dinero metálico en España quieren transferirlo ilícitamente a cuantas bancarias localizadas en el exterior. De este modo surge la comunidad de intereses entre Ping G. y François L. El primero dispone de inconmensurables cantidades de dinero en efectivo, y este último hace posible su salida de España a cambio de una comisión de entre el 2% y el 3%.
La actuación coordinada entre ambas tramas se lleva a cabo a través de la labor de Rafael P., que trabaja para la trama constituida por ciudadanos de origen chino y es el encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero que dicha trama genera; y Malka M., alias “la Sobrina”, que actúa bajo la jefatura directa de Isaac C., alías El Gordo, que representaba en España esta trama B, y cuya labor era buscar “donantes”, empresarios con una alta disposición de dinero en efectivo, que quieren sacar el dinero de España y llevarlo a otros países eludiendo el pago de impuestos; y “receptores”, empresarios con elevados saldos bancarios en paraísos fiscales que necesitan disponer de efectivo en España pero eludiendo el pago de todo tributo al efecto.
Por último, el juez describe una tercera trama de la organización, integrada por ciudadanos de origen chino dedicados al fraude fiscal y blanqueo de capitales, que utilizaban diversas vías para conseguir el retorno del dinero a China. Realizaban un envío masivo de dinero camuflado en falsas remesas de inmigrantes, se servían del transporte físico por carretera para remesar el dinero desde países con menor control respecto al blanqueo de dinero, o bien utilizaban la vía aérea para trasladar capitales sin declarar.
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