La Guardia Civil y Diaconía han presentado la campaña “Y tú, ¿a quién llamarías?” con el objetivo de prevenir y sensibilizar sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de mujeres y niñas.
Esta campaña conjunta está dirigida a la detección de pisos particulares en los que las víctimas son explotadas sexualmente de manera clandestina, un fenómeno que ha experimentado un aumento a raíz de la pandemia.
Este delito continúa extendiéndose a espacios privados, lo que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres que son víctimas de este delito. Además, al operar en la privacidad que ofrece un domicilio particular, estas mujeres quedan invisibilizadas y aisladas de otros recursos de atención y denuncia que podrían ayudarlas a escapar de las redes criminales.
De esta forma, se pretende concienciar al mayor número de personas posible de la existencia de esta actividad a través del lema “Y tú, ¿a quién llamarías?”. Entre las acciones previstas se encuentra la difusión de material en diferentes formatos, campañas en redes sociales y anuncios en marquesinas, como elementos impresos, para dar a conocer esta realidad que afecta a las mujeres prostituidas.
Más de 650 víctimas el último año
En España, durante el año 2023 se identificaron 294 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y 370 víctimas de explotación sexual, es decir, más de 650 personas han sido víctimas de la explotación sexual en nuestro país. El 98% de estas víctimas son mujeres.
La trata de seres humanos es considerada como una de las formas de criminalidad que más beneficios genera junto con el tráfico de drogas y de armas, manteniendo unos fuertes vínculos con la delincuencia organizada trasnacional. En España constituye un delito en el que los autores captan y transportan a las víctimas para, mediante el uso de amenazas, violencia, coacciones u otras formas abuso, explotarlas obligándolas a prostituirse bajo un supuesto consentimiento y obteniendo un gran beneficio económico.
En la explotación sexual, similar a la trata de seres humanos, las organizaciones criminales obligan a las víctimas a ejercer la prostitución mediante el uso de la violencia, engaño, manipulación o intimidación, con el objetivo evidente de obtener un beneficio económico del que la víctima percibe lo imprescindible para mantener una vida en condiciones deplorables. Teniendo que pagar en ocasiones una contrapartida a los propios delincuentes.
En los últimos años, la prostitución se ha trasladado de lugares públicos como la calle o los clubs de alterne a espacios residenciales de carácter privado tales como pisos o chalets, donde sin legalización ni licencia de ningún tipo de actividad, se benefician del anonimato que aportan este tipo de ubicaciones. Aprovechando, además, la protección legal que el status de domicilio otorga a estos lugares.
Invisibilización del problema
Los pisos donde se explota a las mujeres se han convertido en una herramienta criminal de muy fácil puesta en funcionamiento, que aporta, además, una gran discreción y privacidad para los consumidores, que intentan pasar desapercibidos entre los vecinos del bloque de viviendas o de la urbanización. Pero esto supone una clara invisibilización del problema y, lo que es más preocupante, la invisibilización total de las víctimas, que en muchos casos apenas puede salir de la vivienda. Con ese aislamiento, se encuentran más expuestas a las agresiones de los criminales que ejercen una violencia psicológica contra las víctimas, obligándolas a vivir en el mismo lugar donde las explotan y, además, de una manera totalmente opaca para la sociedad.
Además, la explotación en estos lugares carece de cualquier horario ya que se encuentran ajenos a cualquier apariencia de establecimiento comercial abierto al público, aprovechando, además, que las víctimas están obligadas a residir en ese mismo lugar y son forzadas a tener una disponibilidad total para los hombres que pagan por acceder al cuerpo de mujeres y niñas.
Bajo este paraguas de domicilio, las organizaciones criminales han orientado su actividad dentro del mundo de la prostitución a pisos distribuidos por cualquier parte del territorio español. Es decir, no existe una característica o lugar concreto en el que pueda ubicarse un lugar de este tipo, donde una mujer pueda estar siendo explotada.
Por eso, tanto Diaconía como la Guardia Civil solicitan la colaboración de los vecinos que día tras día conviven con esta problemática, y que, además, genera problemas de inseguridad por el trasiego constante de hombres que acceden a estos lugares demandando sexo de pago de alguna de las víctimas que allí se encuentran.
La denuncia puede hacerse de forma anónima mediante el correo trata@guardiacivil.es, en cualquier puesto de la Guardia Civil o contando con el asesoramiento de una ONG especializada como Diaconía. Además, deben evitar cualquier tipo de enfrentamiento tanto con los consumidores como con cualquiera de las personas que puedan encontrarse en el piso. Sobre todo, deben tener en cuenta que las mujeres son víctimas de una situación de abuso y puede que no sean conscientes de su condición de víctimas de un delito, por lo tanto, deben evitar culparlas de la situación que sufren.
Con los protocolos de colaboración que se han firmado con ONG como Diaconía, se busca garantizar la atención psicosocial y económica de la víctima, garantizando desde el primer momento la protección de las víctimas.
Diaconía España
Diaconía España es una plataforma de acción social orientada a la acción y el trabajo con las personas más vulnerables. Una de sus principales misiones es procurar una protección y asistencia integral a las víctimas de la trata de seres humanos, ofreciéndoles atención, asesoramiento y posibilidades de reinserción.
Actualmente se ha posicionado como una entidad social de referencia y cuentan con un equipo capaz de dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad.
